Una organización delictiva fue desbaratada este viernes tras una investigación judicial que llevó adelante el fiscal Juan Malvasio y que incluyó una serie de allanamientos en Paraná y Villaguay. Según la denuncia, 23 damnificados habrían pagado entre 20.000 y 100.000 pesos para obtener viviendas del Estado en Colonia Avellaneda y la capital provincial, sin inscripción en los listados oficiales. Al parecer, un grupo de personas se hacía pasar por gestores del gobierno en las maniobras fraudulentas y ofrecía casas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) pagando montos menores. Algunos de los acusados serían empleados de la Municipalidad de Paraná. En las requisas se halló una importante cantidad de dinero, armas y documentos firmados por los denunciantes. La jefa de la División Delitos Económicos de la Policía provincial, Blanca Ramírez, hizo saber que esta investigación recién se inició por lo que seguramente habrá más medidas judiciales en corto tiempo, como también la posibilidad concreta de ampliar las responsabilidades a otras personas.

Se conoció que al menos 23 denuncias se acumularon en el último tiempo en la Justicia de Paraná, dando cuenta de la existencia de operadores y gestores de viviendas de programas oficiales que ofrecían la adquisición de viviendas “por izquierda”, sin formar parte de los listados oficiales.

Según los damnificados, que denunciaron en la Justicia, los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas y que ellos vendían porque tenían “contactos políticos”, como el escribano Mayor de Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Pablo Casaretto.

 

Sorprendentes allanamientos

Personal de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial realizó este viernes cuatro allanamientos: tres en Paraná y uno en Villaguay.

A raíz de las tareas investigativas se pudo individualizar a cuatro de los denunciados, los cuales entre julio y noviembre de 2018, de común acuerdo, ofrecieron a la venta viviendas construidas por el IAPV, ejecutadas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia, y ocasionándole a los damnificados perjuicios que van desde los 10.000 pesos hasta los 100.000 pesos, según cada caso, de un total de 23 que se les imputa.

En los requisas en la casa de los sospechosos en barrios El Morro, Pancho Ramírez, en una vivienda de calle Los Ceibos de Paraná y en el departamento Villaguay, se pudo encontrar documentación de interés, computadoras, armas de fuego y abundante dinero en efectivo.

Según lo informado a diario Uno desde la Fiscalía y la policía, en todas las viviendas se pudieron secuestrar recibos firmados por los damnificados, contratos y armas cortas y largas que fueron utilizadas para amedrentar a dos víctimas que se resistieron a pagar las “gestiones” supuestamente realizadas.

De los cuatro allanados, dos trabajan en la Municipalidad de Paraná y se trata de confirmar la versión que podrían haber tenido algún contacto con un área específica del gobierno provincial. “Por lo menos así lo mencionaron cada vez que hacían las gestiones”, explicó uno de los damnificados.

Esta modalidad delictiva no es nueva, hace tres años atrás fueron condenados dos dirigentes vecinalistas de Paraná por la misma situación fraudulenta.

 

“Yo los llevo preso”

Por su parte, Casaretto informó que en este tipo de maniobras “no cuentan con el aval nuestro, por ser actos delictivos, para lo cual hay un sistema muy claro para la entrega de viviendas”.

No obstante, reconoció haber “escuchado versiones” de estas maniobras. “”Nosotros las comunicamos a las autoridades, porque nos llegaron los rumores, incluso audios que daban cuenta de estas situaciones delictivas en las que nada tenemos que ver”, aseguró.

“Lo que siempre hemos dicho, que con mi gestión al frente del IAPV, como del gobernador Gustavo Bordet, es que la entrega de las viviendas de los planes sociales de Entre Ríos son absolutamente transparentes, porque los sorteos se hacen en el teatro, con el público, con escribano, con los medios de comunicación y con todos los elementos para garantizar que no haya nada oculto”, resaltó para aclarar: “Hasta donde sé, no habría trabajadores del IAPV o gente ligada con el organismo, pero si así fuera, yo mismo lo denuncio y lo llevo preso”.

Sobre las estafas denunciadas, indicó: “Estamos para colaborar y ayudar a la Justicia, pero lo que más nos interesa es que con nuestra gestión no hay casas que se puedan vender por izquierda. No solo que no lo vamos a permitir, sino que no hay posibilidades operativamente se pueda hacer”.

 

Un millón de pesos

En los allanamientos encontraron cerca de 50.000 pesos que quedaron judicializados, pero según lo denunciado por los damnificados se estima que las operaciones ilegales llegaron al millón de pesos.

“Se encontró valioso material, pero además hay elementos que nos hacen sospechar que en las computadoras incautadas, localizaremos valiosos elementos de prueba”, resaltó la jefa de Delitos Económicos Blanca Ramírez.

La funcionaria policial hizo saber que esta investigación recién se inició por lo que seguramente habrá más medidas judiciales en corto tiempo, como también la posibilidad concreta de ampliar las responsabilidades a otras personas. (Análisis)

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