El juez Mayer le dio el regalo navideño a varios de los responsables que desviaron más de 2000 millones; entre ellos, el propio cuñado del ex gobernador Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
Poco más de tres horas antes de la llegada de la Navidad, el juez de Garantías número 4 de Paraná, Mauricio Mayer, dispuso la prisión domiciliaria de todos los imputados en la causa por los contratos legislativos, donde se desviaron más de 2000 millones de pesos y por ende dejó el precedente para que todos los presos procesados del sistema penitenciario entrerriano puedan exigir el mismo criterio. La decisión la adopta después de fuertes presiones del urribarrismo, en función, principalmente, de la detención del cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, uno de los recaudadores principales del dinero de los contratos. De esta manera, esta misma noche saldrán de las cárceles el citado Aguilera, como así también el ex administrador del Senado, Gustavo Pérez; su lugarteniente Ariel Faure y Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, detenidos en la Unidad Penal de Paraná. En ese marco, se desarrolló una navideña audiencia en el salón Nº1 de Tribunales en la cual los abogados defensores de los dos recurrentes explicitaron sus argumentos basados en el riesgo por el que atraviesan ambos al estar detenidos en la Unidad Penal Nº 1. Al planteo de las defensas de Aguilera y Pérez se le sumaron los abogados del resto de los detenidos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Ariel Faure y Alfredo Bilbao, quienes solicitaron la extensión de lo que se resuelva en base al habeas corpus ya que son «situaciones identicas» a las de los solicitantes. Incluso, José Velázquez, abogado de Scialocomo, Mena y Beckman adelantó que en caso de no otorgarle la prisión domiciliaria a sus defendidos, iniciaran un habeas corpus de similares características. En relación a Aguilera, el abogado defensor Marcos Rodríguez Allende se basó en cuatr puntos para solicitar la domiciliaria: el fallo de Barbagelata que dispuso que se lo detenga a Aguilera en un lugar separado de condenados, el artículo 364 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el informe del Servicio Penintenciario donde se asegura que no hay separación entre penados y no penados y parte de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Emilio Fouces, abogado de Pérez, advirtió sobre la seguridad de su defendido: «Tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que se tome con esta resolución, porque la situación se puede agravar si no se nos otorga el pedido ya que esto puede ser interpretado dentro del penal como un pedido de privilegios».
El juez de Garantías Mauricio Mayer dispuso cerca de las 20.40 que todos los detenidos en la causa por los contratos legislativos truchos tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión, consecuencia de las fuertes presiones del propio ex gobernador Sergio Urribarri, en función de la presencia del hermano de su mujer Ana Lía Aguilera, sienta un grave precedente, ya que deja en igualdad de condiciones a los procesados que se encuentran en todo el sistema penitenciario, cuyo número es muy alto. Por ende, no se descartan reacciones en cascada en las próximas horas, más en un día tan particular de Navidad. La determinación se produjo luego del habeas corpus presentado por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli (ausentes en la audiencia de este lunes) al cual se sumaron el resto de los abogados defensores de los imputados en esta investigación que busca determinar el desvío de dos mil millones de pesos de los fondos públicos de la legislatura provincial.
El abogado que representó los intereses de Aguilera, Rodríguez Allende, basó su presentación en cuatro puntos: «Primero, la jueza Barbagelata ordenó la prisión preventiva durante 90 días con cumplimiento en la Unidad Penal Nº1 con una aclaración. Se ordenó que el cumplimiento de la prisión preventiva debe hacerse acorde a su calidad de imputado y no en un lugar donde esté conviviendo con condenados. Esto fue homologado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Juticia (STJ). En segundo lugar, lo dice claramente el artículo 364 del Código Procesal Penal donde dice que los que estén bajo prisión preventiva deben estar en un espacio distinto al de los condenados. En tercer lugar, el informe presentado por el Servicio Penitenciario de la provincia en el cual se reconoce que esta separación no existe y que es prácticamente imposible de llevar a la práctica. En cuarto lugar, algo que la Sala Penal también incluye, lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se le exige a los países y a sus respectivos operadores judiciales que los procesados (no penados) deben estar detenidos juntos y separados de los condenados».
Luego llegó el turno de Fouces, abogado de Pérez, quien adhirió a los planteos realizados por Rodríguez Allende y agregó: «Pérez está alojado en un penal superpoblado. Donde conviven personas con peligrosos antecedentes y personas que aún están siendo investigadas. No es menor que mi defendido haya sido señalado como uno de los cabecillas de una organización criminal que se les acusa de haber sustraído de los fondos públicos la suma de dos mil millones de pesos. Está conviviendo con 900 personas que piensan que tienen parte de esos dos mil millones de pesos que no sabemos donde están. Está en riesgo y exponer a una persona de ese modo es grave. Pérez está ahí porque lo mandó el Estado y es el Estado quien debe garantizarle la seguridad. Tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que se tome con esta resolución porque la situación se puede agravar si no se nos otorga el pedido ya que esto puede ser interpretado dentro del penal como un pedido de privilegios», expresó.
Después habló José Velázquez y defendió: «La situación de mis defendidos es igual a la de Pérez. Hay un incumplimiento del Estado respecto a la modalidad de las prisiones preventivas. Venimos a adherir y a solicitar que esta situación se extienda al resto de los imputados. Si se nos hace a un lado, nosotros a vamos a plantearlo por nuestra parte. Es una cuestión de economía procesal». Algo similar dijo el doctor Cappa, defensor de Faure.
También hablaron Ivan Vernengo y Damián Petenatti, abogados de Bilbao: «Además del artículo del Código Procesal Penal, acá hay un artículo de la Constitución que es una manda clarísima. Se deben alojar a los detenidos bajo arresto preventivo en establecimientos distintos a los penados. Acá hay una cuestión estrictamente legal. Y esto no es una crítica al Servicio Penitenciario o al sistema de Justicia, aunque creo que en parte es responsable. Acá la crítica es al sistema político de esta provincia, esto alguna vez iba a ocurrir. Acá no se trata de pedir privilegios sino de que se cumpla la ley».
En la audiencia estuvieron presentes ambos titulares de las Unidades Penales de Paraná (UP Nº1 y UP Nº6) Octavio Ifrán y Diana Ester Tonetti que acudieron por disposición de la ley. En ambos casos, rechazaron la necesidad de un abogado defensor (algo que hubiese obligado a que se dicte un cuarto intermedio para que dispongan de un profesional) y se limitaron a confirmar y ratificar el informe del Servicio Penitenciario: «En ninguna cárcel de la provincia se alojan a los detenidos de manera separada entre penados y no penados».
El recurso que originó el posible cambio de rumbo
Los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían presentado un habeas corpus solicitando que sean alojados en un pabellón de personas procesadas, separados de los condenados, como lo establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad- “los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados”, expresa taxativamente la normativa-, e invocando el riesgo que supone para su integridad física la precariedad edilicia y la sobrepoblación carcelaria. Cullen y Vartorelli habían pedido antes un informe al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, para determinar cuántos presos se encuentran procesados en el sistema carcelario, en las diferentes dependencias.
La resolución establece que las actuaciones realizadas sean reenviadas al Juzgado de Garantías Nº4 de Mauricio Mayer para que procesa “sin dilación alguna” y de “inmediata sustanciación”, según informó esta mañana el servicio de prensa del Poder Judicial entrerriano.
Giorgio votó en disidencia en base al fallo Riera que dice que los rechazos in-limine no son apelables. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, había especificado en el fallo que sean alojados en celdas separadas. Tal como lo informó la revista ANALISIS en su última edición, Aguilera se encuentra en el pabellón 19 «de seguridad», junto a un total de 47 detenidos, entre los que se encuentran procesados y condenados.
Entre los presos de ese sector se encuentran los también implicados en la causa de los contratos legislativos truchos, como Gustavo Pérez, ex director Administrativo Contable del Senado; y Roberto Faure, contratado de la Cámara Alta entrerriana. También se encuentra allí Esteban Angel Scialocomo. Los otros detenidos, como Alfredo Bilbao y Hugo Mena, también imputados en el mismo expediente por delitos de corrupción, fueron enviados a otra zona carcelaria. De hecho, con los únicos que se observó hablando Aguilera en estos días fue con Pérez, Faure y Scialocomo, por lo cual quedó establecida la buena relación de años existente entre ambos.
Aguilera fue enviado a la habitación junto con Vicente Bioletti, Juan Moreno y Gastón Godoy. El primero de ellos es el conocido empresario del transporte automotor –antiguo dueño de la firma San José- fue condenado por aportar su campo de la zona del El Brete para el funcionamiento de una cocina de cocaína. Juan Cruz Moreno es el hermano de la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno (FPV), a quien le habían secuestrado más de 252 kilos de marihuana. A Moreno lo detuvieron cuando circulaba a bordo de un camión en las inmediaciones al puente Paso Bravo. Iba escoltado por un auto con dos hombres a bordo y cuando vieron que la policía los seguía se produjo una persecución que culminó cuando el camión se fue a la banquina. Se hicieron más de 20 disparos en la persecución. En tanto, el prefecto Gastón Godoy cumple condena de tres años de prisión efectiva, tras ser considerado responsable del trágico choque ocurrido el pasado 25 de diciembre a la mañana, cerca del ingreso a la localidad de El Palenque, sobre la Ruta 12. La tragedia vial se cobró tres vidas: Yanina, una niña de 10 años; su mamá Gladys Pérez y el policía Leandro Kaiser de 32 años, a quien subieron después de estar haciendo dedo en la ruta. Los tres viajaban en el Renault Clio que manejaba Francisco Salazar de 52 años. Se estableció que el prefecto viajaba de La Paz a Paraná alcoholizado.
El juez Mayer había rechazado el habeas corpus y sus defensores apelaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los vocales dispusieron que el expediente vuelva nuevamente a resolución de Mayer, para que adopte medidas urgentes respecto de la separación de condenados. Ahora, tras la resolución de Mayer, cada uno volverá a su domicilio y habrá que esperar las reacciones en el servicio penitenciario. Nuevamente, triunfó la corrupción y su referente principal: Sergio Urribarri. (Análisis)
