La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, dio precisiones sobre la investigación penal acerca de los contratos “truchos” en la Legislatura para “sustraer dinero” de las arcas públicas. Contó que en el marco de la causa se renovó el pedido de información a las dos cámaras legislativas entrerrianas. “Enviamos el listado de personas con contratos y una relación laboral inexistente, personas que estaban siendo parte del grupo que se dedicaba a la sustracción de dinero público”, especificó. Además, la fiscal despejó dudas sobre cómo inició la investigación, remarcó que la pesquisa llegará hasta donde la prueba lo indique. Señaló también que las imputaciones son cinco, aunque se pidió a funcionarios políticos que designen abogado: “Quizás estas personas terminen siendo testigos o no, todavía no lo sabemos”. Asimismo, se refirió al planteo de abogados defensores, quienes ven la posibilidad de pasar la causa a la Justicia Federal porque se trataría de financiamiento de la política. “Con ese planteo los defensores están reconociendo la sustracción de unos 2.000 millones de pesos al patrimonio de la provincia. A nosotros no nos interesa saber en qué utilizaron ese dinero, porque el foco de la investigación es la sustracción de cifras siderales de las arcas públicas”.

“Haber reformulado el pedido de información no supone darle la razón a la Legislatura, sino que necesitamos y queremos obtener esa información. Buscamos eficiencia”, resumió la funcionaria judicial en declaraciones al programa En el dos mil también (FM Litoral). “Ellos querían más especificaciones -recordó Goyeneche sobre la respuesta que emitieron la mayoría de los diputados ante el primer requerimiento fiscal-. Nosotros identificamos, ampliamos y centramos más la definición del hecho investigado. Pero eso ocurrió después del pedido a ellos”.

“Ahora enviamos un listado de las personas investigadas, además de otra información que pedimos. Se trata del listado de personas que consideramos que estaban en situación de contratos con relación laboral inexistente, y estaban siendo parte del grupo que se dedicaba a sustracción de dinero público”, precisó y agregó: “En su momento entendimos que las cámaras hubieran podido proporcionarnos información. Para nosotros se trata de separar la paja del trigo desde la información que nos dé la cámara, también podemos hacerlo de esta manera, y lo que queremos es obtener esta información”.

Las teorías acerca de cómo comenzó la investigación son varias, algunos creen que fue un hecho fortuito, otros que podría haber una investigación previa o seguimiento. “Fue absolutamente fortuito”, subrayó Goyeneche y recapituló: “Fue la intervención de un funcionario de Policía que había observado que estas personas, en oportunidades anteriores, sacaban sumas importantes de dinero del cajero. El policía dijo que eso le llamó la atención y pensó que podría tratarse de algún tipo de fraude. Entonces lo dio a conocer a autoridades de la Policía, quienes a su vez pusieron en conocimiento a la Fiscalía. Se realizó una pequeña investigación con un número de patente. Y se les pidió explicación en el ingreso a su domicilio y las respuestas fueron muy inconsistentes. Por eso se pidió un allanamiento. Se ingresó al domicilio y se encontró la base de lo que ocurrió el martes con el pedido a las cámaras. Pero no había nada previo. Hubiera sido difícil saber esto si no fuera por lo fortuito del descubrimiento”.

Luego recordó que cuando los imputados fueron sorprendidos “con unos 270.000 pesos en su poder que habían sustraído del banco con algunas tarjetas de debido”. “Para extraer dinero, aunque uno quiera sacar de a 10.000 o 20.000 pesos con una tarjeta, tiene que sacar entre 3.000 y 4.000 pesos. Esto lleva tiempo. Y eso llama la atención del funcionario provincial”, ahondó. “En ese momento las explicaciones fueron muy inconsistentes y eso motivó intervención de Fiscalía para allanamientos. Y ahí se encontraron listados enormes de personas con Nº de CUIT, anotaciones con cobranzas, recaudaciones y referencias a que eso pertenecía a la Legislatura de Entre Ríos”, aseguró.

En relación a la cantidad de tarjetas que los sujetos manipulaban en ese momento, Goyeneche dijo que “eran pocas, menos de diez”. “Tenían datos de muchas más tarjetas en el domicilio, pero al cajero llevaron pocas”, acotó. “Esto fue un jueves al mediodía. Estaba de turno la doctora Patricia Yedro que comenzó a analizar la prueba con el doctor Ignacio Aramberry. Observaron la prueba. Luego de los secuestros, cuando se pueden abrir las cajas, se pusieron a estudiar, a leer hoja por hoja y a tratar de desentrañar de qué se trataba todo eso. Hoy lo entendemos y la teoría del caso que tenemos es la que se presentó el 23 de octubre con la reformulación del hecho. Pero en ese momento no se entendía mucho y era todo para descubrir nombres y mecanismos. Hoy ya lo tenemos más claro porque estamos hace dos meses con un trabajo arduo”.

 

Los cuadernos y las diferencias de fechas

Buena parte de la información o prueba original estaba en los cuadernos que encontraron en el domicilio en cuestión. “En los cuadernos encontramos información desde 2012 hasta unos días antes del allanamiento. Son anotaciones de recaudación. Lo que se desentrañó luego son los códigos con los cuales se refieren a las personas, a las cámaras, a los cheques. Una vez que interpretamos esos códigos, se pudieron leer con facilidad”, manifestó.

En cuanto a la diferencia de fechas respecto del inicio de la investigación en cada cámara, Goyeneche sostuvo que “en los cuadernos tenemos información de 2012 pero también se secuestró documentación sobre los contratados estaban en otro tipo de documental desde 2008”. “Nosotros pensamos que la sustracción era de las dos cámaras desde 2008. De hecho en el primer pedido de información se pidió a las dos cámaras desde 2008. Pero lo modificamos cuando encontramos más documental en computadoras secuestradas. Hay diferencia entre las dos cámaras y encontramos que en Diputados recién empieza en enero de 2012. Es como que hasta ese momento, sólo hubiera ocurrido en el Senado. Hoy con más información, tenemos que centrarnos en eso, más allá de que después podamos modificar a partir de nueva información”.

En la misma línea, asentó: “Estamos investigando un grupo particular, de personas particulares y no funcionarios. Es como que se montó una empresa. Fuimos atando cabos y llegamos hasta funcionarios que generaron o se prestaron a esto. Por eso lo enfocamos a la intervención de este grupo en el Senado desde los últimos días de 2007 y principios de 2008 y en Diputados menos tiempo”.

 

El dinero, los funcionarios y los imputados

–¿Qué ocurría con la gran masa de dinero? ¿Iba a alguna caja política? –se le preguntó a la fiscal.

–Obviamente ese dinero volvía hacia algunos funcionarios. Las referencias de qué funcionarios habrían recaudado están en el hecho definido el 23 de octubre, allí están mencionados. Independientemente de que después puedan surgir más funcionarios, hasta ahora tenemos a estos como los que se encargaban luego de recoger el dinero. De hecho, algunos de los particulares que se encargaban de recaudar el dinero los tenemos con prisión preventiva. Pero tenemos identificados algunos de los funcionarios como los que recogían el dinero recaudado, especialmente de los servicios administrativos contables que participaban de maniobra, y otros también.

–¿Y por qué estos funcionarios no han sido citados a prestar declaración indagatoria?

–Y porque tenemos un plan en la investigación y pertenece a nuestra forma de trabajo y el diseño del plan. Estamos en una investigación que va paso a paso y construimos a partir de pruebas muy sólidas. Tenemos mucha prueba y el análisis requiere mucho tiempo. Nos vamos moviendo en la medida que la prueba nos indica la necesidad de dar el siguiente paso –contestó Goyeneche.

–¿Se puede saber un plazo en el que serán citados?

–No, esas cosas no se anticipan.

En la causa hay cinco personas imputadas en términos estrictos, a quienes se les tomó declaración indagatoria. Cuatro de esas personas están con prisión preventiva y a una se le otorgó la libertad. “Convocamos a un número importante de personas a nombrar abogado defensor para extremar las garantías defensivas. Para garantizar que nadie nos objete cómo produjimos una prueba, necesitamos que ello lo controlen. Para nosotros es muy engorroso, hay muchos abogados defensores, 10 o 15. Es engorroso pero es la forma prevista en el Código Procesal que todo funcione adecuadamente. A lo mejor, muchos de los nombrados en un primer momento no son llamados a indagatoria nunca, o a lo mejor sí. Es posible que muchos o algunos terminen siendo testigos en la causa. Esto es aplicar las garantías de defensa en el sentido más pleno posible. Todavía no son personas imputadas”.

 

Arrepentidos

En relación a la posibilidad de que haya arrepentidos en la causa, Goyeneche dijo que “la figura existe pero no hay arrepentidos hasta ahora”. “Nosotros podríamos llegar a tenerlos pero hasta ahora no hay. No es tan simple ser arrepentido porque se necesita información relevante, que permita identificar autores que no están identificados. No cualquiera puede ser arrepentido sino que tiene que ser alguien que pueda aportar algo a la investigación”.

Algunas versiones sostienen que la causa podría cortarse en determinado punto y no llegar a rozar a quienes podría rozar pero están en posiciones de mucho poder. “Esta investigación va a llegar hasta donde la prueba permita. Lo que procuramos es generar prueba y evidencia que conduzca a determinar la verdad de los hechos. Para llegar hasta arriba tenemos que tener prueba. Llegaremos hasta donde la prueba nos permita”, recalcó.

 

Sistema u organización

La fiscal Anticorrupción también fue consultada sobre un posible sistema de corrupción enquistado en el seno de la Legislatura, o una organización que operaba en la Legislatura. “Habría que analizar matices. Creo que es una organización que operaba y perduró en el tiempo como suele ocurrir con situaciones de corrupción que se nutre no sólo de actores principales que operan activamente sino por omisión de muchos otros que observan pero no hacen lo suficiente”, consideró.

“Esto nació con un número importante de personas en 2008 que rondaba las 100 personas. Pero hubo picos en los que se pagaron cientos de contratos mensuales. Hubo momentos en estos diez años en los que se operaba con suma libertad”, apuntó.

Las personas contratadas, el eslabón más débil de la cadena, “en el sentido penal son partícipes de este hecho”, definió la funcionaria judicial. “Se prestaron, aunque algunas se declaran engañadas. A lo mejor, por tener un conocimiento muy rudimentario del sistema administrativo, hay un grupito minúsculo. Pero la gran mayoría de los contratados sabía que un monto importante retornada a algunas personas que estaban dentro del sistema corrupto”.

“Tomamos la decisión de no imputar a estas personas sino que son testigos, de hecho ya tomamos muchas testimoniales. La verdad que no sé el número, pero supongamos que son unas 50 testimoniales de los 600 contratados porque no hay capacidad de gestionar una causa de ese tipo. Además no tiene sentido porque esas personas fueron un instrumento para la sustracción. Hay una gran diferencia entre quienes fueron utilizados y quienes maniobraron la sustracción. También hay diferencias de roles entre los contratados porque están quienes se prestaron al engaño a aquellos otros que iban a cobrar cheques o conseguían nuevos contratados. Había diferencia de roles entre las personas”, ahondó.

De la prueba colectada surge que los estudios contables también eran beneficiados con contratos. “El sistema se nutría y completaba con todos sus eslabones a través de los pagos, algunos remunerados con contratos y otros con dinero retornado de contratos”, explicó.

 

La investigación en el fuero federal

Ante el planteo de abogados defensores de pasar la investigación a la Justicia Federal porque se trataría de financiamiento de la política, Goyeneche dijo que “veremos qué dice la Justicia Federal”. “No acordamos con eso en lo más mínimo, creemos que no tiene corrección jurídica ni se aproxima a ningún análisis mínimamente razonable. Estamos ante una sustracción, calculando que se podría aproximas a los 2.000 millones de pesos, utilizando un sistema de actualización de traslación al dólar por período. Sería un absurdo pensar que Entre Ríos, siendo víctima de una sustracción así de su patrimonio, pueda ser excluida de la investigación de esa causa”, retrucó Goyeneche.

En la misma línea advirtió que “el planteo tiene una parte interesante y es que están reconociendo la sustracción, dicen ellos que es para utilización de la política”. “En la investigación nos parece secundario saber en qué utilizaron ese dinero, porque lo que estamos investigando es la sustracción de cifras siderales de las arcas públicas. Ese es el foco de la investigación. Utilizar la herramienta de la incompetencia es pretender la dilación de la causa”, entendió la fiscal.

La fiscal Anticorrupción aclaró que los imputados se negaron a la declaración indagatoria; opinó sobre el proyecto de la comisión bicameral para controlar las contrataciones: “Eso es independiente. Ellos pueden investigar lo que consideren pertinente a este caso. De hecho en el Senado se abrió investigación administrativa. Pero no afecta ni modifica en nada nuestra investigación”.

Por último, se refirió a la posibilidad de una disputa entre el Poder Legislativo y el Judicial. “Eso no tiene ningún sentido. Es cierto que lo que más llama la atención es que es una investigación en tiempo real. Pero nadie puede dudar que el armado de un sistema en el cual se realizan contrataciones con contenido simulado porque retorna el dinero de contratos a algún funcionario, eso no pertenece a ningún tipo de acción lícita de ningún poder del Estado. La Constitución dice que nuestra función es investigar hechos delictivos y nos tropezamos con esto”. (Análisis)

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