DYN23 - BUENOS AIRES, 31/01/01 - SE INICIA MAãANA EL AãO JUDICIAL, HABRA CAREOS ENTRE SENADORES, EL JUICIO POR EL CASO AMIA Y SE DEFINE LA SUERTE DE VARIOS EX FUNCIONARIOS. FOTO: ARCHIVO DYN/MARCELO DEL ARCO

Los abogados presentaron un escrito de 20 fojas pidiendo que se incluya una vinculación local con la corrupción en la obra pública.

La investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Stornelli y que está en manos del juez Claudio Bonadio tiene su anclaje local. Además de la figura del “Señor Mario”, ahora piden que se allane una constructora uruguayense.

“En grado de colaboración ciudadana y por íntimas convicciones personales”, los abogados entrerrianos Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ayer ante el juez federal Claudio Bonadío, que lleva adelante la causa por los “cuadernos de las coimas”, un escrito de 20 fojas donde describen mecanismos de corrupción en torno de la obra pública expuestos en una entrevista radial por el fallecido empresario uruguayense de la construcción, Víctor Pietroboni, que los motivaron a presentar una denuncia penal en el Juzgado Federal local en 2016. Los letrados se quejaron por no poder obtener información sobre la marcha de la investigación y sugirieron al magistrado que allane el domicilio del ejecutivo y las sedes de la firma en busca de documentación.

 

Los dichos de Pietroboni

“Somos conscientes, plenamente, que esta causa reviste un interés superlativo para la Nación argentina y se erige sin dudas, como la más importante investigación sobre hechos de corrupción sistémica, siendo que se trató, claramente, de un mecanismo de saqueo sistemático y permanente de fondos públicos a través de un aparato organizado de poder para delinquir (asociación ilícita), conformado por funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que utilizaron como modalidades propias y específicas de su ejecución, la cartelización de la obra pública para direccionar su adjudicación a las empresas socias del club, el sobreprecio y el pago de coimas, lo que implicó un drenaje permanente de fondos estatales hacia un grupo de funcionarios que estuvieron comandados por Néstor Kirchner primero y por Cristina Fernández, después”, dijeron los letrados.

En su audio, el que aportaron a Bonadío, “concretamente, Pietroboni afirmó que las empresas operaban de forma cartelizada, explicando puntillosamente la metodología del sobreprecio, el pago de la coima o retornos como el porcentaje de los mismos y dando cuenta, sin ambages, de las personas que participaban de este plan sistemático de saqueo de fondos estatales a través de la obra pública”, agregaron, al tiempo que mencionaron también a los ex funcionarios José López y Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez.

 

Denuncia y falta de respuestas

Más adelante, los letrados contaron que los dichos de Pietroboni los motivaron a presentar una denuncia penal el 16 de junio de 2016, que fue ampliada el 22 de agosto del mismo año, ante la fiscal federal de Concepción del Uruguay Mariela Montefinale y el juez federal Pablo Seró, a quienes les solicitaron “la inmediata y directa intervención, a fin de adoptar las medidas procesales y el temperamento que determinen las normas de forma y fondo vigentes”.

Los abogados explicaron luego las alusiones a sobreprecios, pagos de certificados de obras no realizadas y triangulaciones. Por ejemplo, señalaron que Pietroboni expuso que “se hacían 50.000 metros cúbicos de terraplén y se pagaban 200.000”.

Sobre el final, los abogados cuestionaron “el silencio sepulcral” del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, adonde intentaron en dos oportunidades obtener “infructuosamente alguna información sobre la marcha y estado de la denuncia”.

“Sin lugar a dudas que, si no se han registrado avances significativos hasta el momento luego de dos años, se habrá perdido mucho tiempo y desperdiciado oportunidades esenciales. Es por ello que entendimos pertinente, útil y oportuno arrimar estos elementos probatorios contundentes a la causa nacionalmente conocida como la de los ‘cuadernos de las coimas’”, completaron.

Por último, Pagliotto y Mulet sugirieron a Bonadío disponer allanamientos y orden de requisa en el domicilio de Pietroboni y en las sedes de su empresa, a fin de “proceder al formal secuestro de toda la documentación vinculada a la obra pública llevada a cabo entre mayo de 2003 a la fecha”. También recabar de los gobiernos nacional y de Entre Ríos, municipios y jursidicciones en las que la firma opera como contratista “a fin de que informen acerca de las obras adjudicadas a empresas del grupo Pietrobino y solventadas con dineros del fisco nacional, independientemente de qué jurisdicción llevó adelante el proceso u actos licitatorios”, concluyeron. (La calle)

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