Funcionarios nacionales y Concejales de Cambiemos recorrieron el estado de las viviendas a medio construir que quedaron abandonadas en cercanías del viejo Hospital de Concepción del Uruguay. En la recorrida ratificaron la existencia de irregularidades en el estado de las obras y no descartan avanzar en la presentación de una denuncia penal, como ocurrió con el complejo de viviendas de Villaguay.

 

La punta del Iceberg

Hace pocas semanas atrás se había conocido la denuncia penal presentada por el delegado en Entre Ríos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Luis Uriona. Allí requería que se investigue el desvío de más de $25 millones de un plan de viviendas que financió el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Villaguay. Las maniobras detectadas seguían un “modus operandi” que consistía en reducir el tamaño de las viviendas de forma significativa y cobrar por el total de las obras. Para el caso de Villaguay, acumula unos 1000 metros cuadrados que no se construyeron en el complejo de 160 viviendas. En esa oportunidad, el funcionario nacional había advertido que “este caso es apenas la punta del iceberg”, y Concepción del Uruguay parece ser el siguiente caso que confirma la operatoria.

 

Irregularidades en Concepción

Advertidos de la situación, desde hace tiempo que el bloque de Concejales de Cambiemos ha presentado Pedidos de Informe sobre las obras que debían desarrollarse en Concepción del Uruguay, sin respuesta hasta ahora. Allí se adjudicaron 160 casas distribuidas en dos complejos de 80 viviendas que debían construirse por intermedio del sistema de Consorcios que ideó la gestión de Cristina Kirchner y que coordinaba José López, el exfuncionario preso por los bolsos en el Convento.

Esta semana, los concejales de Cambiemos y el delegado entrerriano de la Secretaría e Vivienda de la Nación recorrieron el estado de las obras para constatar que los trabajos están paralizados desde hace años, con un amplio número de viviendas que no se terminaron de construir. En la recorrida, y con las actas de los contratos firmados oportunamente, pudieron ratificar irregularidades en el proceso y ahora analizan presentar una denuncia penal para que se investigue. De un conjunto de 80 viviendas se giraron al Municipio local el 100% de los fondos y sólo se completó el 90% de los trabajos. Y del segundo grupo de 80 viviendas se pagó el 70% y tiene un avance físico del 30% promedio: en este caso por ejemplo, 17 de las viviendas ni siquiera se iniciaron.

 

Una invitación a la corrupción

La modalidad de contratación está llena de particularidades: el Gobierno de Cristina Fernández giraba los fondos a los Municipios, y los Gobiernos locales derivaban las obras por contratación directa (sin licitación alguna) a un “Consorcio” que se creaba especialmente para desarrollar los trabajos. En el caso de Concepción, las obras recayeron en un Consorcio que tenía como Presidente nada menos que a Mario Acuña, el entonces secretario de Obras Públicas del Intendente Carlos Schepens. Es decir, los funcionarios municipales se contrataban a sí mismos.

En el camino, hay una larga lista de irregularidades que forman parte del expediente donde consta, por ejemplo, que un Monotributista (sin empleados a cargo) fue el encargado de la construcción de un número importante de viviendas. Es decir, una sola persona construyó varias casas con sus propias manos según la rendición efectuada por este Consorcio.

 

Intendentes en la mira

Las sospechas sobre las maniobras están centradas en operatorias de desvío de fondos, sobreprecios y acuerdos entre el que pagaba (En este caso el Gobierno de Carlos Schepens) y el que cobraba (el Consorcio presidido por su secretario de Obras Públicas, Mario Acuña). En octubre de 2013, Schepens firmó en Paraná el convenio y el acta de inicio de la construcción de las 80 primeras viviendas del Programa de Integración Sociocomunitaria. Junto al Intendente de aquel tiempo participaron del acto su secretario de Obras Públicas, Mario Acuña, y representantes de tres firmas designadas para ejecutar la obra por un total de $ 23.482.000. La información oficial confirmaba que “La construcción es coordinada por un consorcio de gestión, presidido por (Mario) Acuña”.

Además de direccionar los fondos y las contrataciones de forma discrecional, del total de casi $50 millones que se giraron desde el Gobierno Nacional no se completaron las obras. Los trabajos están paralizados desde hace más de dos años con unas 60 viviendas a medio terminar y otras 20 que ni siquiera se comenzaron a construir.

Detrás de esta operatoria aparecen los funcionarios de siempre: un mecanismo ideado bajo el mando del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido, y con la articulación del programa a cargo del tristemente célebre José López. Las primeras constataciones prometen develar una amplia lista de irregularidades, y no descartan la existencia de maniobras de corrupción en el destino de los fondos.

Crédito: El Entre Ríos

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