En las últimas horas se conoció la novedad de que la Municipalidad de Concepción del Uruguay, presentó una denuncia contra empresario uruguayense, que entre otras cosas se lo acusa de “atentado a la salud pública”, a raíz de un grave incidente registrado el viernes pasado, cuando se impidió el normal desarrollo de la recolección de residuos urbanos.
Todo comenzó cuando el servicio de recolección de vio afectado ante el cierre del predio ubicado en ruta Provincial 42, zona de Talita, donde el responsable de la firma constructora Hosifa, colocó candados en los accesos, generando el corte del paso de camiones cargados con residuos y dejando a la ciudad sin este fundamental servicio, lo que generaba riesgos a la salud y posibilidad de dalos ambientales.
Fue así que el Secretario de Gobierno Ricardo Vales y Ezequiel Valdunciel, presentaron las correspondientes denuncias ante la Justicia, recayendo la causa en manos del doctor Fernando Martínez Uncal, fiscal en turno, que se fueron tratadas en el Juzgado de Garantías de la doctora Alejandrina Herrero.
Dado lo sucedido, desde el sitio uruguayense 03442 se recurrió al doctor Ricardo Vales, quien explicó cómo se llega a esta lamentable situación, que más allá de los problemas legales, genera un cierto riesgo para la comunidad.
El Secretario de Gobierno, explicó que el municipio tenía un convenio con Hosifa, que tiene adjudicada la licitación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
“En el año 2013 la empresa ganó licitación pública y asume la obligación y el compromiso de tratar la disposición final de los residuos urbanos, que se realiza en la Planta San Cayetano, en ruta 42. A fines de 2017los servicios públicos de recolección de residuos informaban al DEM sobre incumplimientos por parte de Hosifa, que conllevaban al mal tratamiento de los residuos, a punto tal que se llegó a un abandono casi total por parte de la empresa, lo que llevó al DEM a presentarse ante la Cámara Contenciosa Administrativa y solicitar una audiencia con Hosifa, intentando dar una solución y asegurar el servicio, que es público y esencial. Así se acordó que por seis meses el municipio tomaba lo que era el tratamiento, que se sumaba a la recolección, hasta tanto se pudiera llegar a un acuerdo con la empresa, pero en mayo de este año, antes de vencer dicho plazo, Hosifa Construcciones, presenta un concurso preventivo, algo parecido a una quiebra, notificando e intimando a la Municipalidad daba por rescindido el contrato y daba 30 días de plazo para abandonar el predio y buscar otro lugar, algo imposible de hacer en tan corto tiempo, por lo que nuevamente concurrimos a la Cámara Contenciosa Administrativa, notificando al Tribunal de la intimación recibida. El Tribunal resolvió medida precautelar, ordenando a Hosifa a abstenerse de realizar hechos que impidan el tratamiento de residuos o el ingreso a la planta por parte del municipio, hasta tanto se resuelva definitivamente el conflicto”, explicó Vales.
Comienzo de los hechos
El Secretario de Gobierno contó además que los días 23 y 24 de julio se encontraron con el primer hecho. “Se descubrió la rotura de los caños de PVC que se emplean para extraer el agua de lluvia y otros líquidos generados por los residuos. Luego nos encontramos con que había sustraído la bomba que se empleaba para tal función, lo que fue denunciado inmediatamente. Ahora bien, este viernes por la mañana, nos avisa el sereno de que Hosifa, por orden de su gerente Mariano Farías, había cerrado el acceso y colocado candado. Por esta razón me ordenó el intendente fuera al lugar con un escribano y se labre un acta, ya que la falta del servicio trae aparejado un riesgo a la salud pública, por lo que con todo detallado concurrimos a la Fiscalía a cargo del doctor Fernando Martínez Uncal, entendiendo que esta actitud de la empresa iba contra una manda judicial y que se estaba ante un sabotaje. Intervino también el doctor Fernando Lombardi y dejamos todo presentado y solicitamos la autorización para poder ingresar dada la premura de la situación, lo que afortunadamente se autorizó por intermedio de la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero y se reestableció el servicio”, finalizó.
Causa penal
Los hechos que se le imputarán a Farías son en primer lugar, los delitos de “Usurpación de propiedad, desobediencia judicial e impedimento funcional, -arts. 181, 239 y 241 inc. 2º del Código Penal -, en concurso ideal entre si -art. 54 del C.P; así como las figuras previstas en los art. 184 inc. 1º y 6º y 241 inc. 2º del Código Penal, -“Daño doblemente agravado y estorbo”-, en concurso ideal entre si -ART. 54 del C.P.-, atribuido a Mariano Julian Farias en calidad de autor -art. 45 del C.P.-
Por esta razón es que se le comunicó al gerente de Hosifa para que designe abogado defensor, presentando este lunes como representante legal al doctor Arnaldo Agustín Jesus Erpen, pero desde la Fiscalía se esperará la producción de pruebas para proceder a tomarle declaración de imputado.
Lo impuesto por la Justicia
Dado el suceso del viernes, la justicia actuó con la premura del caso, ya que estaba en juego la salud pública, más aun considerando que recién se estaba entrando en el fin de semana, con lo que estos implicarían para la comunidad de no llegar una solución a corto plazo.
En audiencia realizada ese días a las 14:30 hs., tras escuchar a las partes, la doctora Herrero dispuso en forma provisional el reintegro del inmueble de la ruta Provincial 42, donde funciona la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos de la denominada “San Cayetano”, en virtud del contrato de licitación pública nº 9/2012, ordenada por Decreto nº 23.237 de fecha 25 de octubre de 2012, celebrado entre ambas partes, a favor de la Municipalidad, e imponer a Mariano Julián Farías, en su calidad de presidente de la firma Hosifa Constructora S.A., medidas inhibitorias como la de abstenerse de concurrir a los ingresos y al interior de la planta de tratamiento; abstenerse de impedir o entorpecer, por sí o por interpósita persona, el normal funcionamiento de la planta de tratamiento; abstenerse de generar cualquier acto que intimide o afecte la libre determinación de los funcionarios, y/o empleados, de planta permanente o contratados de la Comuna local, y/o dependientes de cooperativas sociales, que se desempeñen en el lugar, todo ello bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención.
Fuente: 03442
