«No tenemos investigaciones tramitadas contra una mujer que se haya realizado un aborto», dijo a Elonce TV la procuradora de la Justicia entrerriana. Dio precisiones sobre el tema y acerca de lo que prevé el Código Penal.
A dos días de que se discuta en el recinto de Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de despenalización del aborto y en medio de manifestaciones a favor y en contra, la procuradora adjunta de la Justicia entrerriana, Cecilia Goyeneche, dio a Elonce TV un panorama sobre lo que ocurre en nuestra provincia.
«La legislación es unificada a nivel nacional pero lo que difiere, entre una provincia y otra, son las prácticas. En Entre Ríos la práctica es bastante progresista. No tenemos investigaciones que se hayan tramitado contra una mujer que se haya realizado un aborto. Esto tiene que ver con prácticas del sistema de salud, porque, obviamente, que existen infinidad de casos de mujeres que llegan a los hospitales a pedir auxilio luego de un aborto mal practicado, pero esto se resuelve en el ámbito médico, como debe ser, y no en el ámbito penal», expresó la funcionaria judicial.
En ese marco, admitió que «en otros lugares del país, desde centros hospitalarios realizan las denuncias ante mujeres que llegan a pedir auxilio luego de un aborto mal practicado».
Comentó que el último caso investigado de centros clandestinos donde se practicaban abortos es de hace «cuatro o cinco años» y refirió que el sentido de perseguir a quienes pueden ser autores de estos actos apunta fundamentalmente a casos como los que se observó por entonces «en el norte de la provincia, con mucho descuido o desconsideración de las mujeres».
Sistema de plazos
La procuradora resaltó que «no hay ningún país donde esté absolutamente prohibido el aborto. En el nuestro tampoco», ya que está permitido cuando «existe riego para la vida o salud para la madre o en caso del embarazo derivado de una violación».
Precisó que en el proyecto en debate, se discute una iniciativa basada «en los plazos, es decir que sin ninguna circunstancia particular se permite el aborto hasta una cierta cantidad de semanas. Por ello el aborto no sería punible hasta las 12 o 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo el aborto seguirá siendo delictivo. Salvo China, no existe país en el mundo en que el aborto esté totalmente permitido», enfatizó. Y fue más allá: «Estamos hablando siempre de un aborto con consentimiento de la madre, ya que si la mujer no está de acuerdo el aborto, obviamente, es un delito, más allá del momento en que se produzca».
Y se explayó: «Lo que se discute es la despenalización que conlleva para esas primeras semanas una situación de legalización de las prácticas que hasta hoy se realizan de manera clandestina, lo que conlleva una actividad del Estado para garantizar las prácticas en el sistema de salud.
A dónde se podría denunciar
«La denuncia por aborto se puede hacer en la Policía o Fiscalía, lo que ocurre es que tenemos una sistema por el cual los fiscales tienen la posibilidad de decidir qué hechos se investigan y cuáles no. Más allá de que no hayamos tenido denuncias, tampoco es algo que interese investigar a la madre que se haya hecho un aborto en la clandestinidad, porque también es víctima, por lo que muy difícilmente se pueda llegar a justificar una pena. Por esto es que no hay antecedentes de casos de condena por abortos en Entre Ríos», argumentó Goyeneche.
Posibles penas
Interrogada sobre la pena que le podría caber a una mujer que se practica un aborto, precisó: «Lo que prevé el Código Penal para el aborto realizado con el consentimiento de la mujer es de uno a cuatro años de prisión, si se realiza fuera de los supuestos en que está permitido. Para el profesional médico se le agrega un período de inhabilitación para ejercer la profesión».
A favor de la despenalización
Finalmente, la funcionaria dio su opinión personal sobre el tema. «Creo que es hora de que se despenalice, porque los efectos nocivos de la penalización son mucho mayores que las ventajas que pueda traer respecto de la discusión de salvar una vida o no hacerlo», expresó la procuradora durante el programa A media mañana. Y completó: «El Estado no está consiguiendo nada con la penalización. Solamente consigue mantener estas prácticas que se realizan en lo oculto y se genera todo un comercio, además de situación de desprotección inaceptable a esta altura. La despenalización debería estar acompañada de una decisión política del Estado de difusión y de destinar recursos reales en salud pública para tratar lo que viene implicado con la despenalización, que significa sacar estas cuestiones del tabú. Más allá del texto concreto, que puede no ser el mejor, la decisión de pasarse a un sistema de plazos en necesaria en este momento». (El Once)
