El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra un ex integrante de la Policía Federal y un ex militar por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los represores están acusados por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, secuestros y la aplicación de torturas contra militantes del Partido Comunista.

El juez federal Pablo Andrés Seró dispuso la clausura de la instrucción y elevación a juicio de una causa en la que se investiga a represores de la última dictadura cívico-militar por el secuestro y la aplicación de torturas a militantes del Partido Comunista de Concepción del Uruguay, tal como había solicitado la fiscal María Josefina Minatta.

En el banquillo de los acusados estarán sentados el ex militar José Luis Palacios y el ex policía federal Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde. El primero está acusado por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas; mientras que al segundo se le imputa haber formado parte de una asociación ilícita que realizó detenciones ilegales y torturas.

La fiscal solicitó además una reevaluación médica respecto de Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, ambos agentes de Gendarmería, ya que aducen la imposibilidad de afrontar un juicio por razones de salud, se indicó a Página Judicial. Esta última cuestión no ha sido resuelta todavía por el juez Seró.

 

A la caza de comunistas

El 12 de mayo de 1977, una patota encabezada por Palacios y Gómez del Junco irrumpió violentamente en la casa de un militante del Partido Comunista de Concepción del Uruguay mientras se celebraba un cumpleaños. En la casa había una veintena de personas, entre hombres, mujeres y niños, pero los represores se llevaron a tres de ellos, los colocaron boca abajo en la caja de un camión, los golpearon durante el traslado y también en el escuadrón de Gendarmería, previo a su alojamiento en un calabozo; incluso a uno de ellos lo hicieron desnudar, le tiraron agua de heladera y le aplicaron golpes de puño durante treinta minutos; y a otro lo golpearon con la culata de un fusil FAL.

La fiscal Minatta aseguró que Palacios tuvo “un rol central en las detenciones ilegales y las torturas” de los militantes comunistas e incluso fue señalado por una de las víctimas como quien dirigía el operativo junto al gendarme Gómez del Junco.

Las víctimas –representadas por el abogado Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad– refirieron que permanecieron unos días en los calabozos de Gendarmería, hasta que fueron trasladados a la unidad penal y el 25 o 26 de mayo, es decir, trece o catorce días después del secuestro, quedaron en libertad.

Uno de ellos volvió a sufrir persecución en 1979, cuando efectivos de Gendarmería, encabezados por el teniente coronel Ratto y el segundo comandante Osvaldo Norberto Arias, realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio. El hombre no estaba en la casa y alcanzó a ser advertido por un vecino, por lo que alcanzó a huir. Luego supo por su padre que entre los integrantes de la patota “había un señor de apellido Palacios”.

El Moscardón Verde, por su parte, está acusado por la detención ilegal y las torturas sufridas por dos militantes comunistas cuando se encontraban acampando en Banco Pelay, un camping ubicado a orillas del río Uruguay, el 12 de enero de 1978.

Según relataron ante la justicia, los dos militantes estaban con otro compañero y el hijo de uno de ellos cuando aparecieron cuatro personas, entre los que reconocieron al Moscardón Verde y a Pedro Rivarola –otro policía federal–, y se los llevaron violentamente, les vendaron los ojos y los trasladaron hasta una casa operativa que presumen estaba cerca del Arroyo Colman.

En ese lugar estuvieron esa noche atados con alambres alrededor del cuello, los golpearon con un palo y con manoplas de hierro y les aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo. El interrogador, dicen, “tenía una voz suave y pausada”, pero no pudieron reconocerlo. A quien sí reconocieron como uno de los torturadores es a Gómez del Junco y uno de ellos también mencionó la presencia de alguien que podría ser un médico monitoreando las sesiones de tortura.

Luego de dos horas, el grupo de tareas volvió a trasladarlos hasta el puente de hierro, en la entrada de Banco Pelay, donde los dejaron vendados, boca abajo y les recomendaron que no se levantaran hasta después de media hora.

Rodríguez se encuentra bajo arresto domiciliario, cumpliendo una condena de 15 años de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal de Paraná por allanamientos ilegales de domicilios y por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de ocho estudiantes secundarios durante el año 1976 en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. (Página Judicial)

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