En la Uader todo se paga con horas cátedra. Un fotógrafo, un chofer, pauta publicitaria o un disertante local o extranjero cobran con esta modalidad que les genera un recibo de sueldo, aportes de ley y el alta en Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). El desmanejo es consecuencia de la inexistencia de una estructura de cargos que ninguna autoridad reclama. El gobierno provincial no quiere destinar ni un peso más de los más de 1.000 millones que invierte al año. Las autoridades no quieren perder el poder que les brinda el manejo discrecional de las horas. Y en la Legislatura hay una comisión bicameral de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) que nunca se reunió y ni siquiera está conformada. Los trabajadores carecen de estabilidad laboral y denuncian que la renovación de las horas, que de ser cada un año pasó a ser cada seis meses, tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas y hasta personales. Este jueves en la revista ANÁLISIS, el desorden presupuestario en la universidad provincial que no puede ni comprar lavandina para limpiar uno de sus espacios emblemáticos.
El ordenamiento presupuestario que promueve el gobernador Gustavo Bordet llegó a la Uader, pero sin criterio claro. Ante el desbarajuste administrativo en la universidad provincial, se dieron de baja equipos de trabajo pero a la vez se contrataron choferes y secretarios. Y nadie pudo articular para que, por ejemplo, el personal de la escuela Normal no deba usar solo agua para higienizar el inmenso edificio, por falta de un presupuesto mínimo para lavandina y trapos de piso.
En la Uader, la hora cátedra, a diferencia de la hora reloj, mide 40 minutos. Es la unidad para calcular el tiempo que un docente imparte clases al frente de un aula y, de esa forma, liquidar sus haberes. Así sucede en cualquier institución educativa, excepto en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). En la casa de estudios creada por ley el 8 de junio de 2000 en el gobierno de Sergio Montiel la hora cátedra sirve para todo. Con horas cátedra se pagan, como corresponde, los sueldos de los profesores. Pero también se abonan los salarios de administrativos, personal de limpieza, comunicadores, fotógrafos, choferes, secretarios y telefonistas, entre muchos otros rubros que se precisan para el funcionamiento de la universidad.
La revista ANÁLISIS cuenta además la historia trágica de una niña institucionalizada y el derrotero burocrático que recorre una pareja para lograr ser aceptados en el Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos (RUAER). Una pequeña niña oriunda de Galarza tiene 8 años y se encuentra institucionalizada desde que tenía 3. Fue víctima de brutales agresiones por parte de su progenitor y su madre nunca pudo garantizarle los cuidados mínimos. En 2014, estando en la Residencia Socioeducativa San José de Gualeguay, conoció a una pareja con intenciones de adoptarla. Durante casi dos años mantuvo un vínculo fluido con ellos, pero el proceso se empañó de repente. En el medio hubo una denuncia penal por supuesto abuso contra la directora del hogar, una causa que se cerró y archivó rápidamente. Además, la pareja que pretendía ahijarla nunca pudo concluir el trámite de traspaso de inscripción al Registro de Adoptantes de Entre Ríos, pese a que venían con los dictámenes positivos de Buenos Aires. Ahora la pequeña tiene 8 años y fue alojada en un hogar de adolescentes.
Por otro lado, la nueva edición de ANÁLISIS se mete de lleno en otro tema candente: los campos del Ejército en distintos puntos del país y los proyectos del gobierno de Mauricio Macri. En Mendoza, por ejemplo, puso en liquidación un campo destinado para la cría de caballos, conocido como “La Remonta”, que tiene 7 mil hectáreas. Uno similar existe en el departamento entrerriano de Uruguay, al que también se conoce como “La Remonta”, que posee 4.931 hectáreas destinadas a la cría de caballos de raza y explotación agropecuaria. En el gobierno anterior, las tierras militares eran explotadas por el Estado nacional, pero Macri derogó el decreto que daba sustento a esas operaciones estatales y licitó la explotación que muchas veces queda en manos de grupos concentrados. En el principal campo que el Ejército tiene en Entre Ríos, la explotación se limita sólo a 292 hectáreas y quedó en poder de una cooperativa de Galarza. La licitación para explotar el resto de las tierras del Ejército en esta provincia fue declarada desierta y, aunque todavía no lo dicen abiertamente, sobrevuela el fantasma privatizador sobre esas grandes extensiones, como está ocurriendo en otras provincias.
En una de las columnas de análisis político, la investigación judicial por sobreprecios en la reunión del Mercosur en Paraná y la causa judicial. Como en La Cordillera, la última película protagonizada por Ricardo Darín, se trata de un episodio que liga a gente importante. Es, también, un lío asociado a una deliberación de alto nivel. Otra semejanza: hay conciliábulos y acuerdos. Abundan los lobbystas. Proliferan los funcionarios venales. No faltan extorsiones, veladas o explícitas. Pero en este caso, en la historia del encuentro de jefes de Estado realizado en Paraná en diciembre de 2014, no hay dramas personales de por medio. Ni psiquiatras. Ni experimentos hipnóticos. Hay, sí, una cumbre de presidentes organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno de Entre Ríos que acaba, destino argentino, en una investigación judicial por sobreprecios.
Otra de las reflexiones en este sentido, propone recordar la instauración del voto femenino y fin de la misoginia política. La igualdad de derechos cívicos de la mujer tiene una larga historia de luchas en el mundo. Argentina incorporó el voto femenino en 1947, tres décadas y media después del sufragio universal. Este sábado 23 de setiembre se cumplen 70 años de un hecho de enorme significación.
La nueva edición también desarrolla uno de los temas más candentes: el empleo público. Una alarmante radiografía de la planta del Estado sigue una tendencia de franco y paulatino crecimiento. Casi el 50 por ciento del empleo registrado en Entre Ríos pertenece al sector público, ya sea del ámbito nacional, provincial o municipal. Así se desprende de un estudio del Consejo Empresario de Entre Ríos que señala una inquietante tendencia, al menos entre 2012-2016. En este período, la masa salarial en el Estado entrerriano se incrementó un 10,02% frente al 0,3% en el sector privado. Este aumento también ha sido datado por el Ministerio del Interior, que tiene un índice de 57,69 empleados provinciales por cada 1.000 habitantes, lo que ubica la situación local a mitad de tabla frente a otros distritos, pero muy por encima de Santa Fe y Córdoba. Según se evaluó, la distorsión que revela el estudio conlleva una mayor presión tributaria que hace menos competitiva a la provincia. El creciente déficit de la Caja de Jubilaciones es otro aspecto negativo.
La vivienda digna que no tiene agua potable para el consumo es otro de los informes periodísticos desarrollados este jueves. Cristina Fernández inauguró la primera etapa de las 1200 viviendas de Colonia Avellaneda poco tiempo después de que falleció Néstor Kirchner. Allí, habló de garantizar “el sueño de la casa propia” a muchos entrerrianos. Sin embargo, las 1200 familias que viven en dichos hogares no tienen la posibilidad de tomar el agua que sale de sus canillas. Los recovecos de los gobiernos justicialistas –provincial y municipal- no han garantizado el derecho al acceso al agua potable. “No sirve ni siquiera para bañarse”, lamentan los vecinos. Un informe periodístico sobre los avances y los límites de la política habitacional que significó un aluvión de nuevos vecinos para la colonia y un Estado que hasta el momento no ha logrado estar a la altura de lo que sus propios planes habitacionales pretenden. La posibilidad de una solución a largo plazo.
Como en todas las ediciones, Cultura, Acidez de la actualidad, Deportes y mucho más.
La Uader emitió un agresivo comunicado en respuesta a la nota de ANÁLISIS.
Esta mañana en los kioscos de revistas de la ciudad la gente protestaba porque no conseguía un ejemplar de ANÁLISIS. Es que el tema principal de la edición de hoy fue la preocupante situación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y despertó el interés de los lectores porque se pasaron en limpio cuestiones que son vox pópuli en el seno de la casa de estudios y que, además, involucran a miles de trabajadores entrerrianos. El artículo en cuestión molestó a tal punto a las autoridades de la Uader, que los llevó a incurrir en algo impensado: emitir un comunicado en el cual se trató a la revista de “página dedicada a la falacia y a la mentira”. Todo en nombre de la autonomía universitaria, claro. Además, se buscó desmentir cosas que son ciertas y, aunque el comunicado fue enviado por whatsapp a cada uno de los trabajadores de la universidad, ellos mismos se indignaron al ver que nada sustancial se dijo de la precariedad laboral de quienes cobran con horas cátedra y de la falta de elementos de limpieza para las escuelas. Nada de los temas que verdaderamente importan.
En la página web institucional de la Uader se publicó este jueves un comunicado en respuesta a una nota de la última edición de la revista ANÁLISIS. Ya se intuía en la Redacción que el artículo iba a traer repercusiones. Es que se pasó en limpio la situación de descontrol presupuestario y de precariedad laboral que preocupa no en particular a este medio, sino al gobierno provincial, a legisladores de la oposición y del oficialismo, a gremios de docentes y de estatales y, en especial, a los trabajadores y a los alumnos de la universidad, entre muchos otros actores.
El comunicado de Uader “repudia la falsedad y mala intención” de la nota en la que se describió la situación de los trabajadores de la universidad, que por cualquier tarea cobran con horas cátedra que son renovadas periódicamente en forma discrecional. Este jueves hubo empleados que tuvieron el impulso de compartir la publicación en Facebook, pero no se animaron por miedo a que no le renueven las horas.
También se informó en la nota que muchas de las autoridades de la universidad y de las distintas facultades cobran con varios recibos de sueldo y se indicó que en algunos casos es porque conservan las horas cátedra de materias que tenían asignadas en distintas carreras antes de asumir. Algunos siguen sosteniendo el dictado de clases, otros no tanto. Ante ello, se realizó un relevamiento telefónico en distintas sedes, que se reflejó en la nota.
Se incluyó, además, un cuadro en el que se publicaron los montos de los haberes y la cantidad de recibos de sueldo de quienes ocupan cargos jerárquicos en la estructura de la universidad y de las facultades. Es usual que a la gente le moleste que se publique lo que cobran. Pero los datos no conllevan ningún juicio de valor. Es información que cualquier funcionario público debe tolerar que se publique sin chistar, aunque no le agrade. Por último, se añadió un recuadro en el cual se mencionan algunos funcionarios, jueces, abogados de renombre y jefes policiales que dictan clases en la universidad. Sin adjetivación alguna. Simplemente, porque son parte de la información de interés público.
En la aclaración de las autoridades, se mostró como un error haber publicado que la comisión bicameral de la Uader no está conformada y no se reunió nunca. Se adjudicó esta supuesta errata a “falta de rigor periodístico”. No obstante, la información fue corroborada por este medio en las webs del Senado y de la Cámara de Diputados, en donde figura la comisión en cuestión y, a la vez, se publicó la explicación al respecto de la diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí), que aparece en la web como integrante de ese espacio, pero admitió que no se conformó –al igual que la totalidad de las comisiones bicamerales- e incluso hizo un “mea culpa” ante la consulta. Lo propio confirmó esta mañana el diputado oficialista Diego Lara (FpV-Paraná Campaña), cuando fue consultado por este medio.
También se reflejó en la nota el trabajo de una comisión ad hoc que viene analizando la situación de los trabajadores. Se dijo que la labor es lenta. Para las autoridades de Uader hubo “nulo rigor periodístico” porque no se mencionó que en la sesión del Consejo Superior del 23 de agosto se trató el tema y se aprobó un acta en la que está plasmado un listado de agentes remunerados con horas cátedra. La comisión ad hoc funciona desde hace al menos cuatro años, recién se logró armar un listado y no se ha regularizado la situación de un solo trabajador.
En la nota se buscó graficar la falta de criterio a la hora de aplicar el ordenamiento del gasto que caracteriza a la gestión de Gustavo Bordet –es el gobierno provincial el que invierte los más de 1.000 millones al año que demanda la Uader- mencionando que se dio de baja un servicio de orientación vocacional mientras se contratan choferes y secretarios para los secretarios y se creó un área de derechos humanos en el Rectorado. Para la gente de Uader, esto es una “falacia”, ya que el área de Derechos Humanos se creó hace más de 10 años y la de Orientación Vocacional funciona en la Secretaría Académica. En la nota a lo que se aludió era a la supresión de un área de orientación vocacional que funcionaba en una facultad y, en rigor, al refuerzo de un área de derechos humanos en los que se produjeron nombramientos, incluso el de una coordinadora.
“Resulta sorpresivo leer también en la publicación como una cuestión ilegal o irregular la participación en la planta docente de distinguidos profesionales del medio en las distintas carreras que se dictan en la universidad”, sostienen las autoridades de Uader. En la nota se menciona a jueces, abogados, funcionarios y jefes policiales que participan de distintas cátedras y se destaca como un valor que “figuras que no precisan ni prestigio ni ingresos den clases en la universidad”. No se habla de nada «ilegal o irregular». Más bien lo contrario.
En el comunicado también se “desmiente categóricamente la aseveración que se menciona en la nota respecto a la solicitud del gobierno provincial para recortar gastos en la institución”. En la nota se alude a la insistencia permanente del gobernador Bordet respecto del ordenamiento administrativo, del cuidado de los recursos y de la eliminación de gastos superfluos. Se dio por hecho que las recomendaciones que están siendo atendidas en Salud, Educación y en todas las áreas de la administración corren también para la Uader, dado que el grueso de los recursos que la sostienen provienen del mismo lugar. Una cosa es ejercer la autonomía universitaria, otra es escudarse en ella para mal administrar más de 1.000 millones de pesos y no contemplar un litro de lavandina para limpiar el baño de una escuela.
En el comunicado no se explica, por ejemplo, por qué los empleados de limpieza de la Normal deben higienizar el edificio solamente con agua y vender tortafritas en los actos patrios para juntar unos pesos. Tampoco se alude al caso de la trabajadora perseguida que se animó a denunciar y debió ser reincorporada por un fallo del STJ. Ni a la falta de respuestas a la Caja de Jubilaciones, donde no saben dónde encuadrar a los trabajadores que están tramitando su retiro. Ni si quienes conducen la universidad y cobran por dar clases efectivamente concurren o están de licencia o tienen una afectación de sus horas al cargo. Ni por qué se paga pauta publicitaria, con horas cátedra, entre tantas otras cuestiones al menos opacas.
En cambio, “se lamenta profundamente que a 17 años de la creación de la Uader se deban dar explicaciones a páginas dedicadas a la falacia y a la mentira”, sin tener en cuenta que así como hay autonomía universitaria, también hay libertad de prensa en Entre Ríos. Y que ANÁLISIS tiene 27 años y que algo ha hecho en la historia periodística de esta provincia.
Texto completo del comunicado de Uader:
Comunicado institucional
Desde la UADER se repudia la falsedad y mala intención de una nota publicada por la revista “Análisis”. En un texto se aclara a la opinión pública sobre los temas aludidos por el artículo de dicho medio.
Ante la publicación “Horas cátedras para todos y todas” en la Revista de la Actualidad ANALISIS del día jueves 21 de setiembre del corriente año, la Universidad Autónoma de Entre Ríos repudia la falsedad y la mala intención de la información difundida y aclara a toda la opinión pública y en especial a quienes se vean afectado por la misma, que UADER ejerce plenamente su AUTONOMÍA.
Particularmente preocupa a la Universidad el agravio y perjuicio que supone esta publicación para con la tarea de los Consejeros Superiores , Consejeros Directivos y autoridades de los dos períodos normalizados que son quienes tienen la responsabilidad, entre otras funciones, de llevar adelante la indispensable tarea de elaborar las normativas que regulen el funcionamiento de la Universidad.
La Autonomía Universitaria es la independencia que tienen las universidades para tomar sus propias decisiones en el plano organizativo, administrativo, académico y que está contemplada en el artículo 29 de la Ley de Educación Superior que, entre otras cuestiones habilita a las casas de estudios a dictar y modificar sus estatuto y normas propias, administrar sus bienes y recursos y tomar las decisiones que se consideren necesarias para su funcionamiento.
Se debe agregar que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 269, ha consagrado la AUTONOMÍA PLENA de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es decir, el carácter unívoco de la AUTONOMÍA. Por ello, la UADER está en igualdad en cuanto a derechos, obligaciones y garantías con las Universidades Nacionales.
Respecto a la falta de rigor periodístico y desconocimiento de las normativas que dieron origen a la Universidad por parte de L.D. (quien firma la nota referida), se aclara que la Comisión Bicameral de Seguimiento, Evaluación y Control de la UADER ya NO EXISTE y por ende, no funciona. La misma caducó al momento de normalizarse la Universidad, esto es, en diciembre de 2012, cuando la Asamblea Universitaria eligió por primera vez en la historia las autoridades máximas de la UADER. Lo mismo habían realizados los Consejos Directivos en cada una de las Facultades.
La democracia es pilar en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, pues se sustenta en un sistema de Cogobierno: la toma de decisiones implica la participación directa de todos los integrantes de la comunidad universitaria en el Consejo Superior y Consejos Directivos conformado por representantes de los docentes, graduados, estudiantes y trabajadores.
En la nota se indica con nulo rigor que “avanza lentamente el trabajo de una comisión ad hoc creada para analizar y resolver la situación de estabilidad laboral de los trabajadores”. Justamente, en el marco de la AUTONOMIÍA PLENA y el COGOBIERNO, en la sesión del Consejo Superior del 23 de agosto último se trató en primer término y en Plenario los avances presentados por la Comisión Ad-Hoc Resolución Nº1516, en torno a la regularización del personal administrativo y de servicios de la Universidad.
En este sentido, se aprobó por unanimidad un acta de la mencionada comisión, donde se da cuenta del listado de agentes resguardados por esa medida (y los criterios adoptados), dando por finalizada la tarea que el propio órgano de gobierno encomendara en cuanto a aquellos que son remunerados exclusivamente con horas cátedra (situación que existe desde la creación misma de la Universidad). Asimismo, se tomó la recomendación de que ante la disponibilidad de cargos se otorgue prioridad al personal con mayor antigüedad.
Otra falacia a la que da crédito y reproduce la nota, tiene relación con la creación “en ámbitos de Rectorado de un área destinada a los derechos humanos” en detrimento de otras (orientación vocacional). El Área de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana se creó hace más de diez años bajo la administración del rector Mario Mathieu y es insignia de la universidad, de referencia nacional en relación a las políticas generadas en la misma. Mientras, el área de Orientación Vocacional funciona en dependencia de la Secretaría Académica.
En el año 2013, se perfeccionó el Régimen de Compatibilidades sobre cargos y funciones en las dependencias de UADER , respecto de normas anteriores a la normalización de la institución.
El Consejo Superior, ha elaborado normativas que regulan el régimen y compatibilidades del funcionariado, del personal docente y no docente relacionado a las dedicaciones y a su desempeño de acuerdo lo establece el Estatuto de la Universidad aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. Por ende la situación laboral de todas las personas mencionadas en la nota reviste total legalidad de acuerdo a las normativas vigentes.
Resulta sorpresivo leer también en la publicación como una cuestión ilegal o irregular la participación en la planta docente de distinguidos profesionales del medio en las distintas carreras que se dictan en la Universidad. Para UADER, que estas personas – de diferentes líneas ideológicas y políticas – ejerzan la actividad académica jerarquiza la institución y multiplica la diversidad de voces y miradas.
Desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos se desmiente categóricamente la aseveración que se menciona en la nota respecto a la solicitud del gobierno provincial para recortar gastos en la institución.
Queda entonces claro que, desde la normalización de la Universidad se trabaja incansablemente para normar todos los aspectos que hacen a su funcionamiento, respetando categórica e incondicionalmente la función de los órganos de cogobierno que garantizan la democracia y el crecimiento de la institución fundado en la transparencia y participación de todo los actores.
Desde la UADER se lamenta profundamente que a diecisiete años de su creación se deban dar explicaciones a páginas dedicadas a la falacia y la mentira y no se destaque y profundice sobre el camino de crecimiento y función social que tiene esta universidad pública, inclusiva, abierta y democráticas, a la que, aún le falta mucho por lograr, pero se continúa trabajando en profundizar el objetivo.
Análisis
